El Real Decreto-ley 13/2010 modifica la Ley 3/1993 de 22 de marzo Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en el sentido de eliminar para las empresas la obligatoriedad de pertenecer a las mismas. A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, únicamente serán miembros de las Cámaras, y por lo tanto electores si procede, aquellas empresas que libremente lo decidan. No siendo, por tanto, necesario solicitar la baja de esta Corporación ya que ésta se produjo de manera automática el pasado 1 de enero de 2011.
No obstante, todas las empresas continuarán formando parte del Censo Público de Empresas previsto en el artículo 2.1.h de la citada Ley de Cámaras, según se regula en la Disposición final cuadragésima séptima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, sin que de ello se deriven obligaciones ni derechos.
Al mismo tiempo, este Real Decreto-ley establece, en la Disposición Transitoria Primera, un periodo transitorio de dos años durante el cual, si bien la pertenencia a las Cámaras es voluntaria, las empresas continúan sujetas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las Cámaras, de acuerdo con la normativa hasta ahora en vigor, manteniendo las Cámaras su obligación legal de efectuar el cobro del recurso cameral utilizando, si fuera necesario, la vía ejecutiva.
Por todo ello, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cuenca, procederá, en el año 2012, a la emisión del recurso cameral permanente sobre el Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal 2010 a las entidades sujetas al citado Impuesto y cuya cifra de negocios hubiera sido igual o superior a 10 millones de euros en el ejercicio fiscal 2009. Así mismo procederá al cobro por vía ejecutiva de aquellas liquidaciones de ejercicios anteriores que se encuentren pendientes de pago.
Queremos también informarle que la Cámara sigue siendo, según las normas legales que la regulan, una Corporación de Derecho Público. Por ello, seguimos teniendo como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales de todo el tejido empresarial y un conjunto de funciones de carácter público-administrativo que las leyes nos encomiendan, siendo voluntad de esta Corporación la de continuar prestando servicios de utilidad e interés para todas las empresas, los cuales ponemos a su disposición.