Durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, Jiménez ha señalado este día como “muy importante para la Educación de Castilla-La Mancha, y sobre todo para los docentes”, porque el Ejecutivo “crea un instrumento para salvaguardar sus derechos, haciendo gala de su responsabilidad y su compromiso con la autoridad educativa”. De este modo, ha denunciado la falta de protección jurídica por parte de la administración educativa hacia los docentes o la prevalencia del derecho al aprendizaje de un alumno con conductas disruptivas frente al derecho del resto de los alumnos que no tienen es te tipo de comportamientos, tal y como venía sucediendo.
Por eso, ha manifestado, “ha proliferado la sensibilización de la sociedad en la necesidad de transformar el sistema educativo, reforzando la autoridad del profesor para luchar contra el fracaso escolar, mejorar la calidad de la enseñanza y formar personas capacitadas para el mundo profesional, así como la de las familias por los problemas de la educación y sus consecuencias, especialmente en los últimos tiempos, debido al clima de dificultades que la crisis económica está poniendo de manifiesto para los más desfavorecidos.
Por ello, la parlamentaria ha afirmado que el Gobierno regional ha creído conveniente “dar luz verde a un proyecto de ley para devolver a lo docentes la autoridad en las aulas, mermada en los últimos años por un sistema educativo con graves deficiencias”. Para ello, el Ejecutivo convertirá las aulas “en centros de educación en el esfuerzo, la convivencia y en la superación personal, donde los alumnos se desarrollen como personas capaces de transformar la sociedad de manera positiva y se preparen para afrontar los retos de su futuro mundo laboral”.
Con esta Ley se pretende reconocer como autoridad pública a los directores, miembros del equipo directivo y docentes de los centros públicos, concertados, privados, gozando todos ellos del principio de presunción de veracidad en sus declaraciones escritas, respecto de los hechos con trascendencia disciplinaria, así como de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico.
Esta Ley reconoce como autoridad institucional la figura del docente y lo convierte en el soporte primordial de una enseñanza-aprendizaje de calidad en Castilla-La Mancha y reconoce la autoridad del profesorado no universitario y establece las condiciones básicas de su ejercicio profesional.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular ha querido consensuar con el Grupo Parlamentario Socialista los aspectos más llamativos de esta Ley, porque “creemos en la unión para alcanzar éxitos comunes para y por el bien de los ciudadanos castellano-manchegos”.
Frente al compromiso del Gobierno, la diputada regional ha recordado que el PSOE apostó por un modelo educativo que ha fracasado, que ha propiciado las mayores tasas de fracaso escolar a nivel nacional, un modelo educativo que ha propiciado la merma de las funciones del profesor dentro del aula y ha conllevado a un aumento del abandono escolar.
Desde el PP, según Beatriz Jiménez, se a puesta por “un modelo educativo en el que se prime el esfuerzo y la excelencia, en el que el docente sea referente para muchos y tenga la autoridad suficiente para garantizar una Educación de calidad y universal para todos sus alumnos”. Por eso el Gobierno de Cospedal ha querido que esta Ley tan importante para los docentes castellano-manchegos sea fruto del consenso.
La parlamentaria ha manifestado que “la política educativa llevada a cabo en nuestra región durante los casi 30 años de gobierno socialista ha dejado de manifiesto la necesidad de un cambio en el modelo y esta Ley supone un pequeño paso adelante para el gran cambio tan necesario”.
“Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que este es el camino a seguir y que es el momento de ejercer esta responsabilidad en virtud de lo hoy nos demandan los docentes”, porque “ahora no se trata de dividir para conseguir logros políticos. Ahora se trata de estar unidos para sacar a los castellano-manchegos de esta situación de crisis en la que ustedes nos han dejado”.
Gracias a la nueva Ley de Autoridad del Profesorado, se conseguirá la “importante homogeneización de las medidas educativas, correctoras y disciplinarias, de forma que todos los centros de Castilla-La Mancha, ante la misma falta o hecho, den la misma respuesta”, ha manifestado, al tiempo que ha señalado que “frente al desgobierno y la incoherencia que ha reinado hasta ahora, esta Ley obligará a igualar las medidas en todos los centros”.
Jiménez ha asegurado que “sabemos que el colectivo de docentes de la región tiene el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo, porque son ellos quienes dan la verdadera calidad de la Educación en la región y conseguirán que sea una de las mejores de España”.
De este modo, ha indicado que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular confían en los docentes y saben que gracias a su trabajo “la Educación de calidad en Castilla-La Mancha está asegurada”, ha concluido.