Pedro Jareño ha destacado como tras las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno del PP asumió la necesidad de establecer un marco para atender una doble decisión judicial que podía afectar a 1,5 millones de españoles según los datos del Banco de España.
En concreto, Jareño ha explicado que se ha puesto en marcha un mecanismo de reclamación paralelo al procedimiento judicial con dos finalidades: evitar el colapso de los tribunales de justicia, ya que se podría hasta duplicar la actividad civil de los mismos, y facilitar al consumidor un procedimiento rápido para recuperar las cantidades indebidamente cobradas si su cláusula se considera nula.
Además, el senador ha indicado que este Decreto obliga a los bancos a que en un mes como máximo establezcan un sistema para que todos los clientes afectados conozcan la existencia del nuevo sistema de reclamación.
Jareño ha puntualizado que para el consumidor este procedimiento es voluntario, no obligatorio. “Si decide reclamar, el consumidor se dirigirá a su entidad de crédito, que sí está obligada a contestar, bien sea con la remisión del cálculo de lo que tendría que abonarse, incluyendo los distintos intereses, o las razones por las que no considera la reclamación ya que puede ser que la cláusula suelo aplicada no sea opaca”.
Asimismo, el Decreto Ley establece que el proceso no puede durar más de tres meses y la devolución debe ser abonada en efectivo. Sin embargo, también permite que consumidor y entidad pacten un sistema alternativo de pago. Por ejemplo, mediante la reducción de cuotas de la hipoteca.
El parlamentario del PP ha aplaudido además que este acuerdo haya contado con el apoyo de los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, en el marco de diálogo y consenso que el Gobierno de Rajoy está impulsando.
Por último, Jareño ha explicado que más allá de este acuerdo, el Gobierno de España está trabajando con las demás fuerzas políticas en una nueva Ley Hipotecaria en la que se reforzará la transparencia y se favorecerá toda la información precontractual del sistema.
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