La Diputación Provincial, que se hizo cargo mediante un Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (titular y responsable de este parque) por un plazo de seis años prorrogables, se responsabilizó de la explotación y cuidado del mismo, cuyo futuro era la privatización del mismo por el Gobierno de la Sra. Cospedal.
La encomienda realizada por la Diputación a TRAGSA duraría hasta final de 2015. Parece que las cuentas, según se recoge en la información facilitada a los medios, arroja resultados negativos, cuando el objetivo era que la gestión se financiara mediante sus propios ingresos.
Para Izquierda Unida, la solución pasa por una llamada a la responsabilidad de ambas instituciones. La Junta no puede permanecer en silencio ante esta situación extrema, dado que es la máxima responsable de este complejo arqueológico. Pero es que además estos restos tiene un valor arqueológico, cultural e histórico extraordinario, máxime si como se pretende esta provincia quiere hacer del turismo un eje fundamental de su desarrollo.
Tampoco la Diputación Provincial puede dar cerrojazo sin más a este parque: entendemos que tendrá que entrar en conversaciones con TRAGSA para renovar la encomienda, y llegar a un acuerdo con la Junta para seguir manteniendo abiertas las instalaciones. No es justificación la existencia de un déficit, que entre todos se puede solucionar, para acabar con el papel fundamental que juega Segóbriga en los distintos niveles expresados antes.
Instamos desde IU a ambas administraciones a llegar a un acuerdo para solucionar los problemas y superar esta situación, innecesaria y negativa desde cualquier punto de vista, que podría parecer que responde más al eterno enfrentamiento de siglas que a un verdadero problema en la gestión del parque. El sentido de la responsabilidad, que tanto utilizan para otros temas, debería de ponerse de manifiesto en Segóbriga.
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