Los desahucios se han venido multiplicando desde el año. Desde ese año hasta el 2011 350.000 familias en toda España han perdido su vivienda. Los datos en castilla-la Mancha son igualmente preocupantes ya que en el 2007 las ejecuciones hipotecarias fueron de 1.235, en el 2008, 2.845, en el 2009 fueron 4.720 y en el 2010 la cifra fue de 4.681, manteniéndose esta última cifra en ligero aumento para 2011 y 2012. Igualmente, según datos ofrecidos por la propia Consejera, en la región hay 115.000 viviendas nuevas sin vender, de las cuales 11.000 son de protección oficial. Este verdadero drama humanitario no ha merecido ninguna iniciativa de cambio normativo para afrontar el problema.
Estas situaciones ponen de manifiesto un comportamiento abusivo, cuando no un fraude de ley de la mayoría de las entidades financieras, que mientras reciben recursos públicos (1.800 euros por cada ciudadano en 2010) que en muchos casos utilizan para tapar los agujeros dejados por la dación en pago que aceptan de inmobiliarias o grandes propietarios de suelo, como el caso de las 2000 viviendas de El Pocero, se niegan a dar igual trato a las familias. Se evidencia el poder que ostentan estas entidades financieras, la impunidad con la que actúan y la connivencia que en muchas ocasiones reciben de los poderes públicos.
Según Daniel Martínez, “es muy duro pensar que miles de familias de nuestra región en grave riesgo de exclusión social van a perder su casa víctimas de los abusos bancarios y la única medida que vaya a tomar el gobierno de Cospedal es, una vez estén en la calle, ofrecerles unas 80 viviendas en régimen de alquiler, y más duro se hace cuando resulta que esta medida es más de lo que hizo el gobierno anterior”.
Ante la magnitud y gravedad del problema del problema, según el Coordinador regional de IU, “consideramos que la propuesta de la Consejería de poner a disposición de las familias desahuciadas unas 80 viviendas se queda en poco más que un gesto simbólico, en una medida raquítica y para salir del paso”.
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