Considera Fuentes, responsable Federal de IU de Política Municipal, que el fin último de la misma es mayor tutelaje de los Ayuntamientos, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos. Desprecia a éstos como parte del Estado en pie de igualdad con el resto de Administraciones Públicas. Ataca a las competencias y a la autonomía política de los municipios, volviendo a modelos preconstitucionales.
Este proyecto es particularmente duro con los más de 6.800 municipios de menos de 5.000 habitantes, que podrán ser intervenidos unilateralmente. Y todos aquellos menores de 20.000 habitantes (es decir, la inmensa mayoría de ellos) podrán perder gran parte de sus competencias, que pasarán a las Diputaciones: organismos estos que NO SON ELEGIDOS POR LOS CIUDADANOS, y que hasta hace año y medio pretendía hacer desparecer el propio PP.
El informe sobre el Anteproyecto deja clara, porque así se expresa de forma literal, la intención de favorecer la “iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad….”
Lo que se pretende con todo esto es acabar con la autonomía económica y política de los Ayuntamientos, y a la vez hacer negocio para los amiguetes privatizando los servicios municipales. Todo esto hay que agradecerlo tanto al PP como al PSOE, que cuando modificaron el artículo 135 de la C.E. de forma anticonstitucional a nuestro juicio, abrieron la puerta a todo tipo de recortes y privatizaciones, que llevarían, como se está viendo, al empobrecimiento de los ciudadanos y a la desatención de las necesidades de los mismos.
Para IU, a consecuencia de la pérdida de competencias y las privatizaciones se verán afectados más de 400.000 puestos de trabajo en todo el estado. Pero es que no hay ningún estudio ni dato que avale el cumplimiento del supuesto ahorro de más de 7.000 millones de euros que plantean.
Izquierda Unida plantea ante esta agresión que quieren aplicar a los ciudadanos:
- La necesidad de una Ley de Financiación Local que defina competencias y financiación incondicionada.
- Eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer las transferencias a los municipios.
- Defensa de las competencias establecidas por los respectivos Estatutos de Autonomía.
Finalmente, defendemos una respuesta de rebeldía democrática frente al desmantelamiento de la democracia local y los servicios públicos municipales.
Si (
No(
