García: “La nueva ley garantizará la prestación de los servicios básicos con la financiación adecuada”

García ha explicado que la ley tiene como objetivos básicos determinar las competencias de los ayuntamientos y evitar duplicidades y solapamiento. La norma, que parte de una ley de 1985, pretende también racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, garantizando que las entidades locales solo asuman aquellas competencias que están previstas en la ley y que están dotadas de la financiación adecuada.

La senadora conquense ha destacado asimismo que las Diputaciones Provinciales también salen reforzadas en el texto, pues a partir de ahora coordinarán servicios de municipios con menos de 20.000 habitantes, facilitando a estas localidades su prestación.

En concreto, tal y como ha relatado García, las competencias de los ayuntamientos serán básicamente servicios básicos como alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza, alcantarillado y acceso a núcleos de población. A esta lista habría que añadir otras en función del número de habitantes, tales como los parques y jardines, el tratamiento de residuos o las bibliotecas públicas para los mayores de 5.000 habitantes; la prevención de incendios, protección civil, evaluación de necesidades sociales… para mayores de 20.000; y transporte colectivo y medio ambiente urbano para los que superen los 50.000.

García ha desterrado las críticas del Partido Socialista sobre la supuesta privatización y destrucción de lo público, y ha indicado que se trata justamente de lo contrario, ya que se apuesta claramente por el municipalismo garantizando que los ayuntamientos puedan prestar sólo los servicios incluidos en la ley y los que estén convenientemente financiados. Según la senadora, “ahora los ayuntamientos van a cobrar la competencia que se les delegue con seguridad, porque el Estado retendrá los créditos oportunos a las Comunidades Autónomas que no abonen lo comprometido”.

En otro orden de cosas, la parlamentaria del PP ha enumerado otras partes destacadas de la ley, entre ellas el control de las retribuciones de alcaldes y concejales, y la limitación del personal eventual y ediles liberados, entre otros puntos. También ha afirmado que no es cierto que la ley obligue a los municipios más pequeños a fusionarse, como el PSOE se ha encargado de decir, ya que solo se habla de posibles fusiones voluntarias de municipios, para una mejor prestación de servicios.