Según ha explicado García, “tenemos a un presidente que ha dado respuesta contra la corrupción de forma firme, contundente, y eficaz”, con un decálogo de medidas con las que se pretende el control económico y financiero de partidos, limitándose las donaciones, se prohibiéndose las condonaciones y obligando a todos los partidos a publicar sus cuentas; la creación del Estatuto del alto cargo de la Administración General del Estado, para clarificar sus funciones y su control; y haciendo delito especifico la financiación ilegal, para lo que se agilizará la justicia, para que se repare el daño cuanto antes.
Por ello, manifestaba María Ángeles García, el Gobierno ha planteado que se incluyan nuevas normas para los estatutos de los partidos, se limiten las donaciones de particulares a partidos, se tipifique como delito la financiación ilegal de partidos, se exija a los altos cargos la publicación de sus bienes, se agilice la Justicia con un plazo máximo para los procesos, se eleve la prescripción de los delitos más graves a 15 años, se endurezcan las sanciones y alarguen las penas por inhabilitación, se expliquen los indultos concedidos y denegados, se suspenda de militancia a quien se le abra juicio oral, y se abran nuevos cauces de participación ciudadana.
“No partimos de cero en la lucha contra la corrupción”
La senadora del PP ha puntualizado que “no partimos de cero en la luchar contra la corrupción porque este Gobierno ya lo empezó a hacer nada más ganar las elecciones, lo que con toda seguridad ha posibilitado que ahora sea es más fácil detectar la corrupción”.
García ha recordado como en el primer Consejo de Ministros con decisiones ejecutivas, el 30 de diciembre de 2011, ya se planteó una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, con la que se incorporaron medidas de control sobre la financiación de partidos, restringiendo los sujetos que pueden realizar donaciones y limitando la condonación de deudas bancarias.
“El Gobierno del Partido Popular es el primero que legisla por la regeneración democrática con un completo plan, entre el que se ha aprobado una Ley de Transparencia que somete a todos por igual; ha regulado las cuentas de los partidos limitando las donaciones; ha limitado el número y sueldo de los altos cargos de la administración; ha fortalecido las penas contra los delitos de corrupción; y ha creado por primera vez el delito por financiación ilegal de partidos”, concluía.
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