Esta semana hemos vuelto a celebrar el día del trabajo, aunque más bien en España lo que hacemos es un acto de acción de gracias por tener empleo y estar a salvo de esta lacra que en nuestro país adquiere tintes de maldición bíblica.
En realidad esto no tiene por qué ser así, es decir, en ningún sitio está escrito que España deba tener siempre un problema con el paro; esto es más bien fruto de sus leyes e instituciones, como los sindicatos, dirigidas por personas como Pedro Lucas que realizan declaraciones que las definen por sí solas.
El problema de la enorme rigidez del mercado laboral español hunde sus raíces en los inicios del siglo pasado, este elemento ha ido afianzándose por los distintos regímenes, un ejemplo de ello es que desde 1965 hasta el año 95, el número de ocupados en España apenas varió, treinta años que conocieron gobiernos de todo signo, pero donde ninguno varió la estructura laboral española para no afectar a los grupos de presión privilegiados, como eran los sindicatos.
El resultado de todos estos años podemos percibirlo claramente en estos momentos, pero en realidad es un problema con varias caras, es decir, tan escandaloso es que exista ahora más de seis millones de personas en el paro como el hecho de que en época de auge económico, rozando del pleno empleo de la capacidad productiva del país, seguíamos con tasas de desempleo de dos dígitos; este dato demuestra la rigidez del mercado, y cumple a rajatabla la ley de Okun, que relaciona el crecimiento económico necesario para que descienda el paro, y que en España es altísima, necesitando que se crezca a partir del 2,5 % anual, aunque puede que esa tasa descienda al 1 % tras la última reforma laboral.
Para entender el paro en España conviene comprender cómo el mercado de trabajo funciona con las mismas leyes que cualquier otro, donde las barreras de salida son a su vez, barreras de entrada: por poner un ejemplo, una persona no estaría dispuesta a cambiar de compañía de teléfono si ésta le oferta una permanencia de tres años, por muy bueno que sea el móvil. Con el mercado del alquiler ocurre lo mismo en España, donde funciona igual de mal que el mercado laboral; la razón por la que un país con tantos pisos vacíos que no salen en alquiler es la tremenda inseguridad jurídica de los propietarios y las pocas garantías que tienen a la hora de poder cobrar y exigir responsabilidades si te destrozan la casa, el efecto de ello es una disminución de la oferta, de los pisos en alquiler, y con ello un precio artificialmente alto de los alquileres, por lo que al final lo pagan los mismos, los pobres ciudadanos.
Por estas razones y otras muchas, España es el centro de análisis de los economistas expertos en materia laboral de todo el mundo. Una Universidad Norteamericana, por ejemplo, estimó que alrededor de cuatro millones de personas trabajan en la economía sumergida; no todas ellas forman parte de las cifras de la EPA pero sí matizaría bastante la tragedia. En cualquier caso, la pregunta lógica es por qué cuatro millones de españoles trabajan a espaldas de la legalidad, y esto se debe, en gran medida, a la enorme carga impositiva en materia laboral, a través de las cotizaciones sociales, y a la rigidez normativa, que provocan que esas personas no puedan desarrollar su trabajo legalmente porque no podrían afrontar el coste que supone.
Muchas voces de políticos intentan convencernos de que esos problemas se arreglarían aumentando las inspecciones, pero lo único que conseguiríamos es quitar a esa gente el único sustento que tienen, y la recaudación tributaria sería ínfima. Tampoco es solución el mirar para otro lado, ya que corremos el peligro de consagrar el modelo y asemejarlo al de muchos países latinoamericanos, con el llamado empleo informal, que divide a una sociedad entre lo oficial y la oculta en una situación de difícil reversión para estos últimos.
La única alternativa para formalizar esos cuatro millones de subempleos es rebajar el umbral de exigencia, es decir, disminuir cotizaciones, impuestos, y restricciones legislativas hasta que ese profesor de clases particulares, el fontanero o el comercial, puedan darse de alta y facturar por su trabajo porque les salga rentable trabajar en la legalidad.
Esta medida, en realidad, se asemeja al modelo de los minijobs que funciona en Alemania, que había llegado incluso a reducir el paro en recesión. La duda es si nuestra sociedad está preparada para cambiar los subsidios de 400 euros por no hacer nada por sueldos de 450 por trabajar 15 horas semanales. Quiero creer que nuestra sociedad está dispuesta a dar el salto; de lo contrario habría que dar la razón a aquel economista que decía que las sociedades tienen el paro que quieren.
Pablo Muñoz Miranzo
Twitter: @pablommiranzo
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