El portavoz del PP, Pedro J. García Hidalgo, ha dicho que les parece bien que en esta nueva RPT se modifique la forma de provisión de libre designación para convertirla en concurso, pero esperan que detrás de esta maniobra no esté crear un proceso urgente para dejar colocados, y sin posibilidad de movimiento a determinados funcionarios. Entre estos podría estar el director general de RR.HH. que fue nombrado irregularmente por Ávila, como así lo determinaron los juzgados, y que el primer edil mantiene en su puesto, a pesar de haber sido condenado por desobediencia a la autoridad, tras un incidente con dos policías locales. Su sueldo ha pasado de los 52.000 euros que cobraba en 2010, a más de 73.000 euros en la actualidad.
Otro aspecto destacado de la nueva relación es que en ella se eliminan plazas que están avaladas por sentencias firmes en los tribunales de justicia, y que por alguna extraña razón no han sido tenidas en cuenta a la hora de su redacción.
De ser ciertas las sospechas de los populares, en los próximos meses veremos cómo Ávila prepara un concurso a correprisa y ‘dirigido’ a que personas concretas ocupen de manera prácticamente inamovible determinados puestos.
El PP ya denunció una auténtica purga política cuando el alcalde cesó a los jefes de servicio de deportes y obras respectivamente. Ambos acudieron a los tribunales para defender sus derechos, y los dos obtuvieron sentencias favorables que volvieron a situarles al frente de sus jefaturas, demostrando que efectivamente Ávila no podía cesarlos de sus puestos. Lo mismo ocurre, según los concejales del PP, con los procesos que paralizó el alcalde al principio de la legislatura, dos de los cuales aún no han concluido aún teniendo sentencias firmes que obligan a hacerlo.
Los populares creen que la aprobación de la RPT podría ser una maniobra de final de legislatura, a la desesperada por situar en puestos estratégicos a personas afines, y siguiendo la tónica de enchufismo que ha practicado el grupo socialista desde que gobierna el ayuntamiento. El Grupo Popular recuerda que en este sentido se produjo la sentencia que ratificó su denuncia sobre la colocación de trabajadores del extinto SIM. En ella, se ratificaba que se había puesto a dedo a estos trabajadores en el departamento de disciplina urbanística de la Gerencia, que solo podía estar regentado por funcionarios.
García Hidalgo alerta del carácter político de esta decisión, que además al no contar con la opinión de los sindicatos como exige la ley, podría quedar invalidada si mediara un recurso en los juzgados.
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