El Grupo Municipal Popular ha anunciado hoy que ha pedido al Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Cuenca que ejecute la sentencia que obligaba a cesar al Jefe de Recursos Humanos por haberse provisto su plaza con intencionalidad de que pasara desapercibida y sin existir un procedimiento de convocatoria pública. Los populares han solicitado al Juzgado la ejecución de la sentencia puesto que por el momento no se ha cumplido lo dictado por el juez y a tenor de las últimas declaraciones, el Equipo de Gobierno de Juan Ávila no tiene intención de llevarla a cabo.
El Grupo Popular se ha visto obligado a instar incidente de ejecución de sentencia al juez, dado que el Ayuntamiento no ha cumplido lo dictado por el Juzgado número 1 de Cuenca. En el texto que han presentado, sus abogados solicitan que se convoque la plaza de Jefe de Recursos Humanos o se amortice la misma por no haberse cubierto de forma legal mediante una convocatoria pública, y se cese inmediatamente en su puesto a la persona designada para ocupar dicho puesto, por no haberse seguido un procedimiento público para su designación, incumpliendo con ello toda la normativa legal al respecto, tal y como señala la sentencia cuya ejecución se solicita.
El PP ha pedido esta ejecución basándose en los argumentos dados por el propio portavoz del Equipo de Gobierno, Darío Dolz, que al ser preguntado por el asunto afirmó que el Ayuntamiento convocaría la plaza de Jefe de Recursos Humanos “cuando lo estimase oportuno”. Los populares consideran que Ávila no contento con haber nombrado irregularmente a este “director general encubierto” que cobra más de 75.000 euros, pretende saltarse la ley una vez más e incumplir la sentencia dictada por el juez.
Desde el PP solicitan que si el primer edil decide no amortizar la plaza, convoque su provisión legalmente y lo haga con una dotación sensiblemente inferior a la que tenía hasta el momento, pues el sueldo de esta persona era verdaderamente escandaloso.
El Grupo Popular denunció que Ávila pretendió realizar el nombramiento de este puesto ‘de tapadillo’ en un pleno junto a otros muchos asuntos sin seguirse los requisitos de convocatoria pública para garantizar los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad exigidos para cualquier convocatoria pública de acceso a la administración como empleado público y sin seguirse el procedimiento exigido en el art. 80 del Estatuto Básico de la Función Pública. Hechos que dieron la razón a los populares y que ya cuentan con una sentencia firme desde el mes de julio.
El grupo de la oposición considera que este es un ejemplo más de la política de personal que está practicando Ávila desde que llegó al consistorio basada en el reparto del botín y en la colocación de afines, como estamos viendo en los últimos meses en diversos casos. El PP se pregunta qué oscuras razones tiene Ávila para no cesar inmediatamente a esta persona incumpliendo así el mandato judicial firme de la sentencia.
Los populares instan a los socialistas a no saltarse más veces la ley y dar cumplimiento a esta sentencia, tal y como han demandado al Juzgado, ya que de lo contrario nuestro alcalde estaría incurriendo una vez más en una ilegalidad manifiesta. Solicitan asimismo, que abandone la política de enchufismo a la que nos tiene acostumbrados desde que se sentó en el sillón de la alcaldía y actúe como se espera de un servidor público.
Si (
No(
