Entre la documentación pendiente está el balance de cuentas del Servicio de Infraestructuras Municipales (SIMc) que ya se pedido en dos ocasiones, el expediente de contratación de la limpieza y conservación de zonas verdes o el famoso informe de saneamiento encargado a la consultora Price-Waterhouse.
Tampoco han obtenido datos del estudio económico que sirve de base a la Ordenanza Reguladora de la tasa por el servicio de depuradora de aguas residuales y alcantarillado, solicitado en noviembre o los expedientes del carril bici y del contrato externo para la elaboración del pliego del transporte urbano.
En todos estos casos se ha vulnerado el citado artículo 144 que en su apartado 2 especifica que cualquier solicitud habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes, algo que se está incumpliendo sistemáticamente.
En el PP se quejan de que tampoco se están respetando los plazos de entrega de las actas de las Juntas de Gobierno Local, cifrado en 10 días desde su celebración como marca el artículo 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), por lo que los concejales del PP no pueden acceder a los acuerdos que tome ese órgano en tiempo y forma, lo que impide claramente su labor de oposición.
Esta falta de transparencia que denuncian desde el PP tiene otro ejemplo en diferentes órganos de participación municipal como el Consejo Social que no ha sido convocado tal y como prevén sus estatutos durante el segundo semestre de 2011, privando a la ciudadanía de poder expresarse y dar su opinión a través de los diferentes consejeros. Otros órganos que no han sido convocados todavía son el de Entidades Ciudadanas, la Mesa de la Movilidad, el Consejo de Medio Ambiente o el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, tal y como ya advirtieron hace unos días.
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