Ruiz Molina ha resaltado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page está estudiando esta posibilidad después de que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy haya dado un nuevo paso para “limitar los derechos de los funcionarios de Castilla-La Mancha”, dando orden a la Abogacía del Estado para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por la que se aprobó la reducción de jornada de los empleados públicos.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de la solicitud del Gobierno supondría la “suspensión inmediata” de una Ley que aprobó el Gobierno regional “en beneficio, no de los funcionarios, sino de la calidad de los servicios que se prestan en Castilla-La Mancha, que, además, genera empleo público y, por supuesto, permite la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores de la Junta”.
La primera consecuencia, en caso de admitirse ese recurso de inconstitucionalidad, sería “la suspensión inmediata del horario y, por lo tanto, habría que volver a la jornada de 37,5 horas”, ha lamentado Ruiz Molina.
Por último, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado no entender cómo un Gobierno en funciones adopta decisiones de tanta importancia y con tanta repercusión para los 68.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que han sido, además, los que más han sufrido de toda España los recortes como consecuencia de la falta de compromiso con los servicios públicos del Gobierno de Cospedal.
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