Según el regulador atómico, la decisión podría aplazarse al pleno de la próxima semana, 29 de julio, aunque antes del periodo estival aún quedaría otra cita de los consejeros, en la primera semana de agosto.
El informe de emplazamiento o de autorización previa, de ser positivo, supondría un "reconocimiento oficial de la idoneidad del emplazamiento", Villar de Cañas (Cuenca), que ha sido criticado por la composición geológica de sus suelos por geógrafos, ecologistas y otros expertos en estigrafía.
Si el CSN emite un informe favorable sobre el emplazamiento, quedaría en manos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo conceder a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el permiso para iniciar las infraestructuras y acciones preliminares para la construcción del silo donde se almacenarán durante casi un siglo los residuos atómicos españoles.
Sin embargo, aunque este sería el primer paso necesario, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción.
La solicitud de autorización previa y de construcción del ATC fue presentada por Enresa al departamento de Industria el 14 de enero. Dos años y unos meses antes, el 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros, en una de sus primeras reuniones desde la formación de Gobierno presidido por Mariano Rajoy, acordó designar a Villar de Cañas (Cuenca) el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.
La elección de este emplazamiento ponía un punto y seguido a la proposición no de Ley de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados en 2006 por la que se instaba a la creación de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que debía cumplir el emplazamiento y sus instalaciones de cara a cumplir el mandato parlamentario de 2004 de contar en España con un almacén donde albergar este tipo de residuos.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2009 se abrió el concurso o convocatoria pública para la presentación de candidatos, a la que se presentaron ocho candidatos. En esta convocatoria se definía el proyecto, sus necesidades, posibilidades de ubicación y otras características, así como la inversión prevista, cercana a los 800 millones de euros.
Para los convocantes de la manifestación de esta mañana, el visto bueno del CSN se emitiría "sin despejar las múltiples dudas sobre los terrenos y con un importante estudio pendiente de inicio". "Fernando Marti Scharfhausen coloca a la institución que preside en una difícil situación de falta de credibilidad", denuncian.
EUROPA PRESS
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