Ante esta situación de clamorosa injusticia, el Colectivo considera que ni trabajadores ni ciudadanos debemos permanecer pasivos. Como mínimo, debemos respaldar una auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento y demandar que no se pague la deuda ilegítima, se recupere el dinero público que fue a parar ilegalmente a manos privadas y se exijan responsabilidades a los gestores de la catástrofe.
No Pagamos-Cuenca señala que es imprescindible entender que las políticas presupuestarias y la gestión económica del Ayuntamiento de Cuenca, practicadas por los gobiernos municipales del PSOE y del PP, durante los años de la burbuja inmobiliaria, crearon de manera irresponsable una estructura insostenible, cuyas consecuencias se están manifestando con toda su crudeza desde el año 2009, con un aumento de la deuda en más de 50 millones de euros.
Unos y otros gestionaban como si los ingresos derivados del “ladrillo”, a través de recalificaciones y convenios urbanísticos, fueran inagotables. Ignoraban a las organizaciones, colectivos y expertos, que durante los años de bonanza, advertían que el modelo era insostenible, injusto y especulativo y que esos ingresos extraordinarios no debían destinarse a financiar la actividad ordinaria del Ayuntamiento, sino a hacer políticas de suelo y vivienda para frenar la especulación.
Además, con aquellas políticas crearon una ciudad dispersa, mucho más cara de mantener. Se beneficiaron de ello los especuladores y hemos salido perdiendo casi todos con un endeudamiento generalizado.
Ahora, se dedican a echarse la culpa entre ellos, (PP y PSOE), cuando durante aquellos años practicaron y defendieron lo mismo, desde el Gobierno y desde la oposición.
Lo concreto en estos momentos, es que una vez que desaparecieron los ingresos derivados de la especulación urbanística, en el Ayuntamiento se ha generado una enorme “deuda comercial” con todos sus proveedores.
Para hacer frente a esta deuda, la Corporación está utilizando los planes elaborados por los diferentes gobiernos, convirtiendo esa “deuda comercial” en deuda financiera con la Banca, con unos elevados costes en intereses.
El primer plan fue en el año 2009, con el Gobierno de Zapatero. El Gobierno municipal del PP formalizó un préstamo de 13,5 millones de euros (con el apoyo del PSOE) para pagar deudas a empresas y autónomos. Para autorizar su concesión el Gobierno exigía elaborar un Plan de Saneamiento. Pero ese Plan fue ignorado desde el primer día.
Como el problema de fondo no fue resuelto, se siguió generando “deuda comercial” y en el año 2012, acogiéndose a los planes del Gobierno de Rajoy, el Gobierno municipal, está vez del PSOE, con el apoyo del PP, formaliza otros préstamos por un total de unos 24 millones de euros para pago a proveedores, con unos tipos de interés de usura, cercanos al seis por ciento.
La contrapartida para que esos préstamos fueran concedidos era que el Ayuntamiento debía aprobar un riguroso “Plan de Ajuste”, que asegurara en primer lugar que la deuda sería pagada a los bancos, en aplicación del modificado artículo 135 de la Constitución, por acuerdo de PP y PSOE.
Ese Plan de Ajuste ya ha supuesto una importante subida de los impuestos y tasas municipales y un recorte también importante de los gastos en servicios, en inversiones reales y en transferencias corrientes. Todo ello está provocando el descontento general en la ciudadanía, que además siente una sensación de "abandono" en la gestión municipal.
Pero esto no fue suficiente. El desequilibrio tan importante que crearon con su gestión desde el año 2000 hasta el 2009, supone que tras esas dos operaciones, se ha seguido acumulando “deuda comercial”, y para hacer frente a ella, estamos ante una nueva fase, que dicen que será la última, y a la que se vuelve a acoger el Gobierno municipal. Esta vez en una cantidad de unos 12 millones de euros.
Total, en un Ayuntamiento que en el año 2012, ha tenido unos ingresos corrientes de 43,5 millones de euros, en cuatro años, se ha generado una deuda de unos 50 millones de euros, cargada sobre el conjunto de la ciudadanía con peores servicios y con más impuestos.
Los gastos generados por esa deuda han supuesto, por ejemplo, que la carga financiera (amortizaciones más intereses) haya pasado de 960.000 euros en el año 2006, a 8,8 millones de euros en el año 2012. Y seguirá aumentando en estos próximos años, cuando vayan venciendo los periodos de carencia de algunos préstamos.
En esta nueva fase de pago a proveedores que se aprobará en este mes de septiembre, para conseguir esos 12 millones de euros, se le exigen al Ayuntamiento nuevas medidas que supondrán más subidas de impuestos y tasas y deteriorar aún más los servicios municipales.
Tendrán que reducir un 5% los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios y además, en un plazo máximo de tres años, ajustar todas las ordenanzas fiscales para que las tarifas que pagamos financien en su totalidad los servicios municipales. Es decir, peores condiciones laborales para los trabajadores del Ayuntamiento, peores servicios y más impuestos.
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