Según establece la legislación urbanística, el plazo máximo para resolver este tipo de licencias de obra es de dos meses, pudiendo ser interrumpido como máximo en una ocasión, y por período de diez días hábiles necesarios para aportar o subsanar las deficiencias documentales que el técnico informante apreciase. Transcurridos estos dos meses, se entiende que se ha concedido la licencia por silencio administrativo, si bien esto no exime al Ayuntamiento de terminar el expediente. Además, de acuerdo con las ordenanzas fiscales del municipio, transcurrido el tiempo máximo establecido por la legislación para que el expediente sea tramitado, procede además la devolución del 50% de la tasa satisfecha.
Las licencias de obra menor se requieren para reparaciones en fachadas y cubiertas; pequeñas reformas en locales y viviendas tales como demolición o sustitución de tabiquería, solados, alicatados, pinturas, falsos techos, o sanitarios; reparación de humedades y goteras; retejados; e instalaciones receptoras comunitarias para instalación de gas natural. Según ha podido saber el PP, en la actualidad se superan sistemáticamente los dos meses de plazo establecidos y no se completan todos los expedientes.
El portavoz del PP, Pedro J. García Hidalgo, ha puesto algunos ejemplos de los muchos que les han llegado de conquenses que han sufrido estos retrasos. Por ejemplo, las solicitudes de licencia para reparaciones de tejados que presentan muchas comunidades de propietarios. Muchas de estas solicitudes se han registrado en el verano con la vista puesta en las lluvias del invierno; pero muchas de ellas no se autorizan hasta mayo o junio del año siguiente, con el lógico perjuicio para los vecinos.
Otro asunto recurrente es el de la instalación de gas en viviendas. Generalmente se suelen pedir con tiempo suficiente pensando en la necesidad de calefacción de la temporada más fría, y la mayor parte de ellas se demoran esperando informes durante meses, para morir en el archivo de “pendiente de documentos”, sin resolverse.
Otro ejemplo muy común es el de sustituciones de bañeras por platos de ducha. Los ciudadanos sufren tiempos de espera de más de 5 meses para que el expediente cuente con informe. A esto hay que sumar el requerimiento de información sobre la instalación de la fontanería modificada, que si la vivienda está ubicada en el Casco Antiguo, se ampliaría a la necesidad de contar con informe de la comisión provincial de patrimonio, con lo que el plazo de obtención de la licencia se convierte en indefinido, según ha conocido el Grupo Popular.
El grupo de la oposición indica que estos retrasos están provocando que muchos ciudadanos se vean en la necesidad de acometer las obras sin tener la licencia oportuna, lo que ocasiona actos urbanísticos sin control alguno de la administración.
García Hidalgo ha manifestado que “a quienes hay que ‘echar’ es al señor Ávila y al señor Dolz, únicos culpables del “caos” que sufre la GMU porque “no existe dirección política y la gestión es nefasta”. En este sentido, los populares han anunciado que solicitarán que se convoque al Consejo Rector de la Gerencia para hacer un análisis de la situación y estudiar propuestas que mejoren los tiempos de concesión de licencias, de tal manera que se deje de perjudicar a los ciudadanos
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