Hay que reconocer que, siendo este un problema universal, existen elementos propios de la política española que hacen que la corrupción sea un problema más acuciante que en nuestro entorno como, por ejemplo, el sistema electoral; parece claro que, si hubiera listas abiertas, nadie votaría directamente a un candidato corrupto.
Puede que sea precisamente la ley electoral la que condicione todo el paisaje político e institucional, ya que son las listas cerradas las que influyen definitivamente en las estructuras de los partidos; un elemento en absoluto menor ya que, en situaciones delictivas, son los compañeros de partido y allegados los que más podrían colaborar con la justicia, y en un sistema de listas abiertas serían ellos mismos los interesados en ser los primeros en denunciar los hechos, ya que ello le prestigiaría con respecto a sus votantes.
Esta ley tiene ramificaciones más profundas, y afecta, por ejemplo, al hecho de que apenas se hayan tomado decisiones de calado en materia de financiación de partidos, sus privilegios o su funcionamiento interno, por la sencilla razón de que se situaban en una posición de fuerza.
En todo caso, los elementos anteriores son importantes para entender lo que está pasando, no lo es menos un hecho que amplifica y agrava considerablemente el problema, y es el peso del sector público en este país, tanto económica como legislativamente, creando un sistema totalmente intervenido.
Dicho de otra forma, por muchos pactos de estado que se firmen, aumenten los fondos para la fiscalía anticorrupción o se auditen las cuentas de los partidos, seguirá existiendo la ominosa tentación de delinquir mientras el precio de un solar lo determinen estos, o sean los gobernantes quienes tengan la potestad de decidir qué empresa puede abrir y dónde, mientras sigan alimentando ese enorme mastodonte que es la burocracia, repleta de regulaciones de cualquier tipo, y sigan sosteniendo con dinero público a instituciones que deberían fiscalizarlos como son los medios de comunicación o los sindicatos.
Y es precisamente por esto por lo que creo que nos acercamos a un punto de inflexión: la crisis económica puede servir de acontecimiento crítico para crear un círculo virtuoso en nuestro sistema político. Conviene recordar que la gran mayoría de casos de corrupción que estamos conociendo se deben fundamentalmente a la época de expansión económica, y parece claro que con las restricciones presupuestarias se reduce las posibilidades de delinquir: cumpliendo el dicho de que no hay mal que por bien no venga la disminución de las subvenciones y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han cortado la corrupción de raíz.
También hay que tener en cuenta que el enorme descrédito de la imagen de los partidos y la aparición de otros nuevos, (que en realidad son honrados porque no han tenido ocasión de demostrar lo contrario), sirve de incentivo para la aparición de candidatos dentro de las propias organizaciones con ideas propias, más permeables a las opiniones de sus votantes, con ideas rupturistas y que sean capaces de abordar las reformas necesarias como la ley electoral.
Las democracias han nacido a partir de situaciones de debilidad del poder imperante, que han propiciado cambios en el reparto de este, si bien es cierto que la historia nos ha demostrado que estos cambios no siempre son a mejor, derivando a populismos o sistemas totalitarios. Puede que nos encontremos en uno de estos acontecimientos críticos, y depende de todos nosotros el dar paso adecuado.
Pablo Muñoz Miranzo
Twitter: @pablommiranzo
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