Así lo ha destacado hoy el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha indicado que “la admisión ordenada con arreglo a criterios equitativos favorece no solo la cohesión del sistema y la igualdad en el ejercicio efectivo de la educación, sino que también da una respuesta más satisfactoria a las demandas de la ciudadanía”.
En este sentido, ha incidido en que con el nuevo Decreto de Admisión lo que se ha logrado es “un proceso que representa un avance en igualdad y transparencia en los procesos de escolarización que respeta al mismo tiempo la libre elección de centro” y, además, ha añadido que “este nuevo modelo constituye un impulso a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar“.
En su intervención, ha informado que en el proceso de admisión se han recibido 92.114 solicitudes de plaza en los centros sostenidos con fondos públicos de toda la región; de ellas, 21.138 corresponden al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria; 17.511, en Bachillerato; y 21.565, al primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil; unas solicitudes que equivalen a un incremento de 2.000 plazas con respecto al año anterior.
De estas solicitudes, el 93,9 por ciento de los alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha que han solicitado plaza en el primer curso de 2º Ciclo de Educación Infantil, en el 1º curso de Educación Secundaria y en el 1º curso de Bachillerato la han obtenido en el centro que la han pedido en primera opción, ha precisado Felpeto.
El consejero se ha referido a la regulación del proceso de admisión y ha insistido en que “la libertad de elección de centros, jurídica, y no solo políticamente, debe estar sujeta a lo que la Constitución llama una programación general de la enseñanza; por lo que parece imposible salvaguardar la igualdad y la libertad sin el establecimiento de un proceso ordenado de admisión”.
Según ha señalado “preconizar la libre elección de centros como principio supremo y hasta único para la planificación de la admisión supone vulnerar el principio constitucional de la igualdad y la única alternativa posible es establecer criterios de equilibrio en el sistema de tal manera que los criterios de calidad de la educación sean iguales en todos los centros y, consecuentemente, los haga por igual deseables para toda la comunidad educativa”, ha finalizado Felpeto.
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