El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado hoy por válido el emplazamiento el Almacén Transitorio Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), a pesar de las dudas técnicas. El Pleno del CSN está integrado por cinco consejeros: dos a propuesta del PP, dos por el PSOE y uno por CiU. Esta importante decisión se ha tomado a pesar de las dudas de los terrenos y sin los resultados de unos estudios cruciales que ha de realizar ENRESA a partir de septiembre.
La decisión ha despertado el malestar de los técnicos del CSN, muy molestos por las prisas del proceso y porque en el órgano de gobierno del CSN, priman los intereses políticos sobre el principio de precaución.
El informe favorable, aprobado hoy llevaría una amplísima relación de condicionados, fruto del compromiso entre los criterios técnicos y las presiones del ejecutivo. El Gobierno de Rajoy saca así adelante el proyecto antes de que los consejeros del CSN se vayan de vacaciones y acelerar así el proceso, a pesar de las dudas técnicas existentes.
La Plataforma, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que la decisión debería tener el respaldo técnico suficiente, ya que la trayectoria de los consejeros arroja dudas sobre sus conocimientos en seguridad nuclear y los criterios para aprobar dicho informe. El documento que tienen en sus manos es muy técnico, hasta el punto de que algunos solicitaron aplazar la decisión el pasado pleno del 22 de julio. Pero su aprobación, tiene enormes implicaciones en la seguridad de un almacén con muchas dudas sobre los terrenos. Además, en caso de que hubiera algún problema con el ATC, se podrían derivar responsabilidades jurídicas de los consejeros.
Para las organizaciones ecologistas “el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene prisa en atajar los riesgos de las instalaciones nucleares que ya existen y si la tiene para que se adjudiquen la obras de las que todavía no existen. El CSN muestra de nuevo que no es coherente, por una parte no tienen prisa para desmantelar una central nuclear como Garoña fuera de operación desde hace casi 3 años, y sin licencia desde hace dos; y por otra apremian a los técnicos para emitir informes incompletos sobre la evaluación de riesgos radiológicos, o para que avalen el emplazamiento de un cementerio nuclear sin tener todos los informes preliminares pedidos por ellos mismos"
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