La oficina permite la localización, recuperación, administración y gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas, según ha informado el Ministerio de Justicia en nota de prensa.
Y, además de auxiliar a las fiscalías en las investigaciones patrimoniales, también funciona como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales.
El objetivo del Ministerio es que el próximo 1 de junio la ORGA amplíe su funcionamiento al resto de Castilla-La Mancha, que el 1 de octubre se aplique en el resto de comunidades autónomas donde tiene competencias el Ministerio de Justicia y que el 1 de enero de 2017 esté ya operativa en todo el Estado.
Según ha recordado Catalá, el Ministerio de Justicia soporta unos costes muy elevados debido a la gran cantidad de bienes decomisados almacenados en sus depósitos y, como no existían órganos especializados, se ponían a disposición de los órganos jurisdiccionales, "lo que superaba su capacidad de gestión".
Además, ha proseguido el ministro en funciones, este sistema ha demostrado ser ineficaz ante el creciente número de delitos y la "complejidad" de los entramados criminales.
Frente a esto, Catalá ha defendido que la ORGA va a permitir "optimizar" los frutos obtenidos de los decomisos y hacer frente con ellos a las indemnizaciones penales reconocidas a las víctimas, y también a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a éstas.
Por último, el ministro ha resaltado que esta oficina nace del interés por "atajar la delincuencia organizada y luchar contra la corrupción con el fin de evitar que los delincuentes y las redes criminales se aprovechen de los bienes obtenidos de forma ilícita". EFE
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