La senadora por el PSOE de Cuenca, Inmaculada Cruz, ha denunciado el cierre de las Oficinas de Vivienda por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, recurso que la Junta puso en marcha en 2006 con el fin de apoyar a las Delegaciones provinciales en la expansión de la política de vivienda, dentro de los objetivos del entonces vigente IV Plan de Vivienda que estaba subvencionado en gran medida por el Gobierno central que, además, cofinanciaba la creación de estas Oficinas. “En 2008 y con la puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero de la Renta Básica de Emancipación, estas Oficinas se involucraron mucho más en la atención a los administrados, tramitando las ayudas al alquiler de vivienda de 210 euros/mes para los jóvenes que quisieran emanciparse”, afirma Cruz.
Este cierre supone “poner en la calle a 81 personas en toda la región, 9 de ellas en Cuenca. Así crea empleo Cospedal, provocando que la empresa Tecnitasa haya planteado un ERE de extinción, viéndose además perjudicada por la rescisión anticipada de un contrato que finalizaba en 2013, por lo que el Gobierno tendrá que hacer frente a una indemnización legal que saldrá de los bolsillos de todos los castellano-manchegos”.
Antes de cerrar las Oficinas, critica, “el Gobierno de Cospedal las ha vaciado de contenido, por eso es un engaño a los ciudadanos y una burla a los funcionarios decir que los servicios que prestaban las Oficinas los van a seguir atendiendo con recursos propios, ya que la Junta ha suprimido la ayuda autonómica por la compra de vivienda con protección pública, siguiendo la estela del Gobierno de Rajoy que eliminó en diciembre pasado las ayudas estatales a la compra de primera vivienda, además de que la Consejería de Fomento ha cancelado la construcción de nuevas viviendas protegidas de iniciativa pública”.
“Con estas medidas –lamenta la senadora socialista-, el Partido Popular da el finiquito a las políticas de vivienda en Castilla-La Mancha, tras la derogación que hizo de la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda que fue aprobada en junio de 2010 por el anterior Gobierno socialista y que garantizaba por Ley el derecho a una vivienda digna, convirtiendo a nuestra región en la primera de España en hacer efectivo este derecho constitucional”.
Con vocación de ventanilla única, las Oficinas de Vivienda han sido uno de los motores de la información en materia de vivienda, proporcionando un amplio asesoramiento para el acceso a la vivienda protegida y sus respectivas ayudas al alquiler, compra o rehabilitación, gestionando también el registro de demandantes de vivienda con protección pública. Desde el inicio del proyecto, añade Inmaculada Cruz, el volumen de actividad fue en aumento y su éxito convirtió a estas Oficinas en un referente en todo el territorio nacional.
Subraya Cruz que “cerca de 36.000 ciudadanos han sido atendidos en la Oficina de Cuenca por un equipo de profesionales altamente cualificados cuya labor, junto a la del resto de provincias, obtuvo en 2009 la categoría de finalista en el IV Premio Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos, en su modalidad de Mejores Prácticas en la Gestión, que reconocía los servicios públicos eficientes, ágiles y de calidad”.
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