Estos colectivos afirman que todas las políticas puestas en marcha desde la institución se han limitado a dejar hacer y favorecer el papel de los promotores y constructores privados y en "facilitar" suelo a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para pequeñas actuaciones de viviendas de promoción pública que quedaron en propiedad del Gobierno regional.
“Ni siquiera se ha preocupado ni ocupado para tener al día un inventario de las viviendas que ya eran de su propiedad, una política determinada de los usos de las mismas y de mantenerlas a todas ellas en condiciones de ser habitadas”, declaran en nota de prensa.
Señalan que todas estas cuestiones –inventario, normas de uso u ocupación y mantenerlas en condiciones adecuadas de habitabilidad, (salubridad, seguridad, ornato público y decoro, como dicen las propias ordenanzas municipales)–, son obligaciones legales que debería cumplir el Ayuntamiento, pero es conocido que no ha cumplido ni con sus propias normas. Todo lo relacionado con los usos y el estado de las viviendas que forman parte de su patrimonio es un auténtico misterio; un patrimonio que es nuestro, que es de todas las personas que aquí habitamos.
Ahora –denuncian–, frente a los problemas de las personas que han sido o pueden ser desahuciadas por carecer de recursos para sostener el pago de alquileres o hipotecas, el PP y el PSOE se echan en cara la adopción o no de medidas a adoptar con las viviendas municipales, cuando jamás se han preocupado de tener una política relacionada con un parque propio de viviendas.
Lo más grave para estos colectivos es que desde el año 2000 al 2010 el Ayuntamiento ha ingresado unos 38 millones de euros, (6.000 millones de las antiguas pesetas), por la venta del Patrimonio Municipal del Suelo, y no ha dedicado ni un euro de esos ingresos a construir vivienda pública de su propiedad, ni tan siquiera a rehabilitar sus propias viviendas ya construidas desde hace muchos años.
Consideran que con esos recursos se podría haber constituido un importante parque de viviendas municipales para llevar a cabo auténticas políticas sociales en esta materia, cumpliendo con lo que dice la legislación, es decir, habiendo hecho del Patrimonio Municipal del Suelo "el medio principal para el desarrollo del servicio público de intervención en el mercado de suelo y de la política de vivienda".
Los colectivos se refieren a lo dicho por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, (que durante dos legislaturas tuvo la responsabilidad para haber hecho algo en esta materia) respecto a que el Consistorio debe poner viviendas de su propiedad al servicio de las personas desahuciadas. Y se preguntan si sabe ese concejal cuál es la situación actual de las viviendas del Ayuntamiento. Creen que lo debería saber por las responsabilidades que ha ejercido, pero se lo calla.
Comentan también la respuesta dada desde el Equipo de Gobierno de que "todas las viviendas sociales en condiciones de ser habitadas propiedad del Ayuntamiento de Cuenca, un total de 47 inmuebles, "están ocupadas". Ya que no dicen para qué y por quién están ocupadas, además de reconocer que tienen viviendas que no están en condiciones de ser habitadas, o sea, que no cumplen ni con sus propias ordenanzas. Como no tienen viviendas propias disponibles, ya que nunca se han preocupado de ello, piden la “colaboración” de propietarios que sí las tengan a cambio de rebajarles el IBI el 90%.
A juicio de estos colectivos, si ahora el Ayuntamiento dice que no tiene dinero es porque se gastaron los ingresos por la venta del Patrimonio Municipal del Suelo en hacer cosas como el Bosque de Acero y en financiar actuaciones insostenibles en el tiempo. De ahí proviene el que digan que tienen que pagar más de 10 millones de euros al año de deuda, entre capital e intereses. Nos suben los impuestos y las tasas y sólo sirve para eso, para pagar la deuda que ellos mismos han generado de una manera irresponsable.
Por último, los colectivos conquenses proponen que el Ayuntamiento dé un paso ejemplar de civismo y se decida a no pagar la deuda, emprenda las acciones legales que estime oportuno para recuperar todo el presupuesto público que se perdió y para que los gestores que de forma “interina” pasaron por el gobierno municipal respondan de su catastrófica gestión. El dinero que se gasta en pagar intereses abusivos podría dedicarse entre otras cosas a rehabilitar viviendas municipales para ofrecérselas a las personas que las necesitan.
Estos colectivos recuerdan además al Alcalde que esperan de Patrimonio la relación de propiedades del Ayuntamiento y el detalle del uso que tiene actualmente, tal y como se comprometió por escrito a entregarles la concejal de Servicios Sociales. También le recuerdan que aún esperan un documento que recoja el Plan de Ajuste 2012-2020 al cual se ha comprometido el Ayuntamiento con el Ministerio de Hacienda por haberse acogido al plan de pago de proveedores de 2011, que debe ser público.
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