CCOO apoya el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma de los ayuntamientos

Para ello es necesario, en cumplimiento de los requisitos procesales de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conseguir el apoyo de un séptimo de los Ayuntamientos de toda España (568 de un total de 8.119), que a su vez representen como mínimo un sexto de la población (2,765 millones de los más de 46 millones de habitantes fecha de 1 de enero de 2013), y que las corporaciones voten por mayoría absoluta.

Desde la FSC CCOO-Cuenca se ha remitido la documentación e información precisa a sus delegados de personal y miembros de los Comités de empresa de los Ayuntamientos de la provincia para que colaboren con las organizaciones políticas que presente y apoyen esta iniciativa en sus respectivos municipios, y se ha dirigido a PSOE e IU de Cuenca para trasladarles esta colaboración “para parar lo que es una auténtica involución del régimen local, que tendrá consecuencias sociales en forma de mayores desigualdades, y un deterioro y cierre de servicios públicos que afectarán a los vecinos y la pérdida de muchos puestos de trabajo”, declaró la Secretaria general de la FSC Cuenca, Lucía Garrido Mingo.

Por su parte el responsable del Sector de la Administración Local de la FSC CCOO-Cuenca, Angel Luis Castellano Bobillo, ha señalado que esta iniciativa se enmarca en el camino de colaboración iniciado entre todas las organizaciones políticas, excepto el PP, y sindicatos tras la cumbre de alcaldes celebrada en el mes de octubre pasado en Madrid donde se plasmó un rechazo unánime a esta reforma.

“La ley contempla medidas que suponen un ataque a las competencias locales en materia de educación, cultura, servicios sociales, sanidad, medioambiente, desarrollo rural y cohesión social, y traerá consigo la desaparición de servicios públicos, todo ello sin contemplar ninguna garantía para los trabajadores afectados por estos procesos”, apuntó Castellano Bobillo.

Desde la FSC CCOO-Cuenca anunciaron que continúan desarrollando su campaña informativa entre trabajadores y ciudadanos de la provincia contra las consecuencias de esta ley que entró en vigor el uno de enero y para hacer especial seguimiento de sus efectos en los Ayuntamientos de la provincia.