Bonilla ha lamentado que el PSOE y Ciudadanos, pese a haber mostrado anteriormente una postura favorable a esta modificación (presentando incluso PNLs y mociones positivas en las administraciones gobernadas por estos dos partidos), finalmente se hayan sumado a Podemos para rechazar en el pleno del Congreso de los Diputados de este martes el trámite de modificación de la Ley de Biodiversidad presentada por el Grupo Popular a principios de junio y que consideraba que las variedades introducidas antes de 2007 podrían seguir siendo pescadas o cazadas, como es el caso de la trucha arcoíris, la carpa común o el cangrejo rojo.
La dirigente del PP ha matizado que si ya la sentencia del Tribunal Supremo había producido el cierre del 25 por ciento de los establecimientos relacionados con la pesa y del 60 por ciento de las piscifactorías, una caída del 50 por ciento en la venta de materiales de pesca y la cancelación el 75 por ciento de las contrataciones turísticas internaciones del sector (que han optado por otros países), “el voto negativo del PSOE y Ciudadanos cierra la puerta al crecimiento social y económico del sector piscícola, y en consecuencia condena a zonas desfavorecidas, como la provincia de Cuenca, y ataca a miles de pueblos que sin estas actividades están condenados a la desaparición”.
Por todo ello, Bonilla ha lamentado la falta de responsabilidad con los sectores afectados por parte del PSOE, Podemos y Ciudadanos que se han opuesto a tramitar la iniciativa por pura demagogia, desconocimiento y sin aportar una sola propuesta que sirva para mejorar esta iniciativa del Grupo Popular. Además ha remarcado “la falta de interés” por parte de la oposición al no valorar el daño que su negativa va a producir en los pequeños municipios del mundo rural, cuyo principal ingreso procedía de las actividad cinegéticas y piscícola.
Iniciativa del Partido Popular
La dirigente popular ha destacado los aspectos más fundamentales de la iniciativa presentada por el PP, como seguir considerando que las especies exóticas invasoras para las que existe suficiente formación científicas, deben ser catalogadas; además, pretende compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que al estar ocupadas desde antiguo su presencia no supone problema ambiental.
De otro lado, Bonilla ha aclarado, y con el fin de disminuir la presión de pesca sobre los tramos con trucha autóctonas, que se podía haber permitido la suelta de truchas arcoíris en tramos concretos y con garantías de que sus poblaciones no puedan asentarse”. En su opinión, “la Proposición de Ley específica que en casos excepcionales debidamente justificados, por motivos imperiosos de interés público, incluidos los de naturaleza social o económica la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas, podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo algunas prohibiciones para una determinada especie catalogada”.
Asimismo, Bonilla ha recordado como “en 2011, el Gobierno socialista de Zapatero aprobó un Real Decreto en el que se regulaba el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras”, y lo hizo, denunciaba Bonilla, “sin tener en consideración la repercusión social, económica y laboral, los costes de la acción e inacción y las posibilidades de éxito, tal y como pedía la Unión Europea”.
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