Una manera de combatir colectivamente desde el Gobierno los efectos de la crisis es construyendo el mejor sistema educativo y sanitario público y también garantizar las mejores prestaciones sociales”, dijo el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que resaltó el valor de estos servicios en una sociedad de crisis actual, que sería más grave si a las actuales circunstancias económicas se uniera la falta de garantía de la mejor educación o la asistencia sanitaria.
En este contexto destacó la solidaridad profunda de lo público, aquella en virtud de la cual los servicios básicos como la sanidad, educación o el bienestar social están asegurados, se trata de una solidaridad intergeneracional, solidaridad independientemente de la renta o de las circunstancias que concurran estarán perfectamente atendidos.
A este respecto subrayó que el de Castilla-La Mancha es uno de los mejores sistemas públicos sanitarios y educativos de España, por lo que el presidente Barreda significó que hay que estar satisfechos. De la misma manera se refirió a la aplicación de la Ley de Dependencia y destacó que esta Comunidad Autónoma es la mejor en su ejecución, según han puesto de manifiesto distintos observadores externos.
En este sentido indicó que si Castilla-La Mancha no tuviera esta red social, no contara con los servicios públicos de los que puede presumir, la situación sería “mucho más dramática” e invitó a valorar las prestaciones básicas que esta región ofrece porque es consecuencia del trabajo de todos y de unas determinadas políticas e inversiones.
“Si fueran otras las prioridades o los gastos, los sistemas públicos se deteriorarían”, apunta el presidente Barreda, que está convencido de que lo que hoy es un excelente sistema sanitario público al servicio de todos los ciudadanos sin discriminaciones, o la garantía de la mejor educación, cambiaría y “no lo podemos permitir porque eso es fundamental para conseguir una sociedad mejor”.
El Gobierno del presidente Barreda ha destinado cada día de 2010 un total de 10,3 millones a políticas y actuaciones sociosanitarias, con una inversión por habitante de 1.800 euros al año.
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