En su obra Rojo y Negro Stendhal lo explicaba claramente: “La palabra se le ha dado al hombre para que oculte su pensamiento”, y es, precisamente eso, esconder, a la voz de su amo podemita, la verdad bajo el barniz de una cierta conveniencia, lo que está haciendo el Gobierno de García-Page en Castilla-La Mancha, cuando pretende ampliar la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de mil a veinticinco mil hectáreas, para oponerse a la instalación del Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas.
Con lengua de madera, apelando a sentimientos medioambientalistas e ideológicos, de una manera burda y con una total carencia de datos y sin los más mínimos conocimientos técnicos, tratan de confundir a la opinión pública y, a la vez, de eludir las responsabilidades de su pasado más cercano.
Así, el Vicepresidente de Castilla-La Mancha, para argumentar la decisión, usa grandilocuentes expresiones, tales como: “la obligación constitucional del Gobierno de Castilla-La Mancha es defender los intereses de la región”; y el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se lanza a apoyar una complicada maniobra de incoherencia política, diciendo, con aire magnánimo, que entiende la postura de los que están a favor del ATC, pero que eso es “pan para hoy y hambre para mañana”. Es decir, utilizan argumentos que son afirmaciones retóricas, información no verificable y metáforas gastadas (La langue de bois).
¿Qué tal hacer un referéndum transparente en la comarca? ¿Por qué no preguntan a los habitantes de la zona si quieren o no quieren un proyecto que no solo incluye el almacén, sino también un centro tecnológico de investigación y que supondría una inversión de unos mil millones de euros en la zona? Un proyecto que, según la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, cumple los requisitos medio ambientales.
Los tres protagonistas que quieren paralizar la construcción del ATC en suelo castellano-manchego: Presidente de la región –entonces Vicepresidente Segundo-, Vicepresidente –entonces Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural-, y Consejero -entonces Director General-, formaron parte de un Gobierno socialista al que no le importó ni el impacto ambiental, ni las grullas, ni las avutardas, ni la estabilidad económica de la región cuando trasladaron la zona ZEPA de los terrenos del Aeropuerto fantasma de Ciudad Real, e igual que ahora, sin rigor científico ninguno. De lo que se deduce que su política es el populismo, medioambiental en este caso, y clientelar, pensando sólo en las próximas elecciones generales.
¡Vivir para ver!
María Luisa Soriano Martín
Secretaria Nacional de Agricultura y Medioambiente del Partido Popular
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