"Tenemos las pruebas de que el anterior gobierno inició los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la privatización de los servicios sanitarios y de atención primaria de las áreas de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares", ha asegurado Hernando en su comparecencia para informar de los acuerdos del gabinete esta semana.
Ha explicado que tienen en su poder esos dos informes realizados durante la pasada legislatura por dos consultoras de renombre internacional, aunque ha precisado que no tienen fecha.
Esas empresas, según ha relatado Hernando, "elaboraron un pliego a medida de las necesidades del anterior gobierno para la licitación de un concurso para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria integral, entre los cuales estaban: atención primaria, atención especializada -hospitalaria y ambulatoria, atención sanitaria de urgencia, atención farmacéutica y oxigenoterapia".
Además, también se preveía la privatización de servicios sociosanitarios, como los cuidados sanitarios de larga duración, atención sanitaria en la convalecencia y la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, ha añadido.
El portavoz del Gobierno regional ha asegurado que no van a consentir que el ahorro sea el único criterio a la hora de dispensar fármacos a los enfermos como contemplaban esas hojas de ruta.
Tampoco comparte, ha continuado, "el afán de ahorrar recortando el número de camas estrictamente necesarias, cosa que también se contemplaba en ese proyecto de privatización".
"No vamos a permitir que se haga un negocio con la salud de los castellano-manchegos, no va a primar el beneficio empresarial sobre la salud de los ciudadanos", ha asegurado Hernando, que ha indicado que los 100.000 euros pagados a las consultoras es la misma cantidad que ha costado la puesta en marcha del Plan Dignifica por el que se han abierto 200 camas hospitalarias en cuatro meses.
A preguntas de los periodistas, Hernando ha dicho que en esas hojas de ruta "se incentivaba hasta con un 50 % el ahorro de los fármacos".
"La idea era privatizar todo lo que conocemos como las 'batas blancas', es decir, establecer un sistema de incentivos mediante el cual, cuantas menos pruebas diagnósticas mejor, cuantos menos fármacos, mejor, y cuantas menos camas, mejor, desde un punto de vista del ahorro financiero, en ningún momento de la calidad asistencial", ha explicado Hernando.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una Orden de la Consejería de Agricultura por la que se convocarán ayudas a las organizaciones profesionales agrarias que, según ha dicho, no se han otorgado en los últimos cuatro años.
Se dispondrá de un total de 95.000 euros para repartir entre las organizaciones que soliciten las ayudas, destinadas a sufragar gastos de funcionamiento como el mantenimiento de los locales, los gastos de contratación de personal o la adquisición de bienes de equipo.
También se ha acordado que el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales se habrá de hacer por vía telemática. EFE
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